𝗣𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘀𝗲𝗿 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶ó𝗻

Fernando Hinterholzer Diestel

Las finanzas del gobierno de la presidente Sheinbaum, atraviesan momentos muy peligrosos, como ya lo han anunciado las empresas calificadoras globales, al bajar el nivel en que se encuentra la deuda soberana del país. La calificación no es un concurso de simpatía, solamente evalúa la capacidad y disposición del pago de la deuda nacional en el futuro, trata de estimar la probabilidad del pago futuro. Dos de las tres principales calificadoras globales ya tienen la deuda mexicana en el último nivel de Grado de Inversión y la otra está dos niveles arriba, pero con Perspectiva Negativa. Esto significa que, de continuar en las mismas condiciones, en un máximo de dos años sería reducida. Esto tiene un impacto importante y grave en los países, porque si bajara al nivel de Grado de Riesgo o Especulativo, una gran parte de los grandes fondos de inversión y de ahorro del mundo tendrían que vender sus posiciones de deuda mexicana, provocando un incremento importante en las tasas de interés e incluso un deterioro del tipo de cambio.

Los informes de las finanzas públicas de los primeros cuatro meses de 2026, dados a conocer en mayo, confirman la tendencia en el deterioro en las finanzas públicas, ya que “mientras los ingresos totales disminuyeron en términos reales en 2.2%, los petroleros lo hicieron en -5.9% a pesar del importante incremento en el precio del energético en los mercados internacionales por la guerra en Medio Oriente y los no petroleros lo hicieron en -1.7%”. Algo importante para entender la caída en los ingresos públicos es el estancamiento de la actividad económica, “causada por la menor inversión privada y pública en el país”. Hay que subrayar que la inversión privada representa cerca del 90% de la total, pero requiere de proyectos, infraestructura y servicios que solo el gobierno puede otorgar. Y considerando, que el esfuerzo fiscal del gobierno federal para reducir el déficit público es claramente insuficiente para calmar las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, en un entorno de baja inversión que resta dinamismo a la economía. El estancamiento económico, la degradación institucional, la estrechez del gasto público y los apoyos constantes a Pemex muestran un escenario de más presiones sobre la deuda bruta como proporción del PIB para los siguientes años. Además, está el riesgo estructural que plantea el deterioro de la relación con Estados Unidos, el proceso de revisión del T-MEC y la posibilidad que esto inhiba nuevas inversiones en los siguientes años.

Dado a que la calificadora S&P mantuvo la perspectiva negativa, que implica la posibilidad de recorte a la calificación en los próximos 36 meses, y a que no se han tomado medidas suficientes para revertir el deterioro señalado, es altamente probable que esta calificadora haga un recorte en 2027 o principios de 2028, lo que colocaría la calificación de las tres principales agencias en el límite bajo de grado de inversión. Además, si no se alcanza una reducción del déficit y una baja en los riesgos para las finanzas públicas, probablemente alguna de las otras dos calificadoras ajuste su perspectiva de estable a negativa, generando una vía directa a la pérdida de grado de inversión antes del año 2028. Claramente, el país ha dejado de crecer porque se ha destruido el Estado de derecho. Expertos nacionales e internacionales han estudiado las causas del crecimiento económico y aunque existen diferentes opiniones, hay consenso en un punto: los países que respetan el Estado de derecho crecen más que aquellos que no lo hacen. Dicen los clásicos, que para que haya inversión tiene que haber confianza. “Nadie arriesga su patrimonio en un país donde los contratos pueden desconocerse, donde la propiedad privada carece de protección efectiva o donde las reglas cambian arbitrariamente”. La riqueza no surge por decretos gubernamentales; surge cuando se tiene la certeza de que el patrimonio y la inversión están protegidos por instituciones confiables. Los países que ocupan los primeros lugares en los índices de Estado de derecho son también los que registran mayores niveles de crecimiento económico. Por desgracia, México ha seguido la ruta contraria. 

“La destrucción del Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos, la creciente concentración del poder y la percepción de que instituciones como el SAT o la UIF pueden utilizarse con fines políticos han deteriorado la confianza de inversionistas”.

En México, de manera lamentable la fragilidad del Estado de derecho no se limita a la incertidumbre jurídica o a la debilidad institucional, nuestro país ha alcanzado una fase mucho más nociva: en extensas regiones del país, “el Estado mexicano ha sido sustituido por la delincuencia organizada”. Los grupos criminales cobran impuestos mediante el cobro de piso. Deciden quién puede abrir un negocio y quién no. Determinan qué mercancías pueden transportarse y cuáles no. Imponen castigos, resuelven disputas, administran territorios y distribuyen apoyos económicos. Ejercen funciones que en cualquier democracia corresponden al Estado. Por ello resulta alarmante que el gobierno continue mintiendo a los mexicanos. La pérdida de la soberanía no sucede cuando un país coopera con otros para exterminar a los carteles criminales. La pérdida de la soberanía ocurre en realidad, cuando el gobierno “entrega el control de regiones de su territorio y permite que organizaciones criminales sustituyan sus funciones esenciales”. El análisis sobre el bajo crecimiento económico de México corre en paralelo con la discusión sobre el Estado de derecho. Mientras la 4T continue debilitando las instituciones y tolerando la captura criminal de territorios enteros, seguiremos preguntándonos por qué no crecemos. La respuesta es simple: ninguna economía puede prosperar cuando la ley deja de gobernar. Perder el grado de inversión implica que la deuda se vuelve demasiado riesgosa a los ojos de importantes inversionistas institucionales Si México cruza el umbral del grado de inversión, la situación de estabilidad que hemos vivido en este siglo puede deteriorarse rápidamente. Incluso podría implicar un riesgo creciente de experimentar una crisis de deuda. La pregunta no es si el riesgo existe sino si habrá voluntad política de actuar antes de que la espiral se vuelva irreversible. Si la DEA viene a buscar a los narco-políticos en México, hay que mandarlos directamente a La Chingada.“Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 muestran que la corrupción no cede y la confianza en la vida pública se desplomó a un año del actual sexenio.  Por estados, la reprobación en la confianza social se concentra en Sinaloa, donde bajó más de 51% en dos años; y en Zacatecas, Baja California, Michoacán y Oaxaca; Baja California Sur y Guerrero experimentaron caídas de 41%. Las mejores notas fueron para Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y Chiapas”. ES CUANTO

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈: El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas entregó este viernes los certificados de registro de tres nuevos partidos que buscarán contender en las elecciones intermedias de 2027. El órgano electoral otorgó los certificados de registro a los nuevos partidos políticos Movimiento de Esperanza de Chiapas, Partido Conciencia Humana y Fuerza Chiapaneca. Esos institutos políticos surgieron de las organizaciones ciudadanas Movimiento de Esperanza y Humanismo de Chiapas A.C, Movimiento Humanista de Chiapas A.C. y Fuerza Chiapaneca 4T A.C.

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.