𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝙣𝙖𝙧𝙘𝙤-𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙤

Fernando Hinterholzer Diestel 

Desde hace varios meses, el gobierno norteamericano empezó a lanzar advertencias que la 4T nunca escuchó. Los mensajes fueron a través de distintos voceros, embajador Ronald Johnson, los congresistas y del mismísimo presidente Trump, hablaban de política narco-criminal, de corrupción institucional, de funcionarios que operaban como socios del crimen. Pero el gobierno mexicano respondía con notas diplomáticas y “frases sobre soberanía”. El caso Rocha Moya no fue una sorpresa ni tampoco un exceso. Es la ejecución de una estrategia que Washington armó con pacientemente: desde principios del año 2025, primero designó a los cárteles como organizaciones terroristas, por lo tanto, cualquier funcionario que los proteja deja de ser un interlocutor político para convertirse en objetivo de seguridad nacional, ya no se trata de combatir capos, sino de acabar la red institucional que los apoya. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió el pasado jueves una “bomba de tiempo” al gobierno de Sheinbaum, con señalamientos directos contra Rubén Rocha Moya al afirmar que la impunidad para los “narcoterroristas” ha terminado y que los procesos judiciales “apenas comienzan”. Sostuvieron que cualquier persona vinculada al tráfico de drogas hacia su territorio deberá rendir cuentas ante la justicia. “Los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”.  

La economía está de mal en peor, no crece no hay inversiones y por lo visto nos vamos a pelear con nuestro principal socio y vecino porque “el gobierno va a defender a una pandilla de asesinos y narcos”. A la presidenta le urge decidir si está con México y su pueblo o con un cártel del narco. Después de escuchar sus declaraciones sobre el tema del gobernador de Sinaloa, percibimos de inmediato la tentación de usar la soberanía como guardaespaldas de un grupo de narco-criminales. Ante la solicitud de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos de Muñoz Rocha y una decena de funcionarios, la respuesta inicial de la presidenta fue de rechazo a la petición tal y como la envió el Departamento de Justicia. Rocha Moya ha gobernado Sinaloa como un dictador. Un dictador narco. Eso van a defender. Concentró todo el poder en Sinaloa a través de la intimidación, el secuestro y el crimen. No se equivoca el Departamento de Justicia al señalar que la elección de 2021 en esa entidad fue intervenida por Los Chapitos, mediante el secuestro de rivales políticos a cambio de protección, impunidad y libertad operativa. Así tomó Morena la mayoría calificada en el Congreso del estado. Yo opino que la Presidenta, puede tener dos opciones, las dos son malas para el país: ¡o rompe con Trump o traiciona a su “padrino!” López Obrador. O acata los tratados internacionales que ha firmado México o cumple con su partido y su mentor. Ha Llegado la hora de definirse. Estados Unidos no le pide que le envíe al gobernador Rocha Moya para encarcelarlo sino para juzgarlo, ella afirma que “no le presentaron pruebas”, pero el tratado firmado por México y Estados Unidos exime al que solicita la extradición de presentar pruebas hasta por 60 días, una vez detenidas las personas. Las repercusiones para el país y para la mandataria serían muy graves. Al ampararse detrás de la soberanía “está jugando con fuego” y se va a “tatemar”. 

Al desconocer el tratado de extradición con los EU, habrá consecuencias inmediatas sobre las negociaciones del T-MEC. Si México no cumple los tratados, qué caso tendría firmar el tratado comercial. Sin tratado, las inversiones nacionales y extranjeras se detendrían por competo, muchas empresas saldrían del país, el empresariado rompería con el gobierno ante la falta de garantías. Del muy bajo crecimiento pasaríamos al decrecimiento y a la recesión, a la falta de recursos para cumplir los programas sociales, a las protestas que ello acarrearía osease “al caos social”.  Aunque tampoco podemos descartar una intervención directa, ante la negativa a cumplir el tratado de extradición, el gobierno de Trump (que ante el fracaso en Irán necesita un trofeo con vistas a las elecciones de noviembre) decida usar la fuerza y llevarse al gobernador o algún otro político como lo hicieron con El Mayo Zambada y con Nicolás Maduro”.  

EU ha enviado un misil mortal al régimen de la 4T, que ingenuamente no creía que los vínculos de los políticos “morenos” con el crimen organizado fueran algo prioritario para la Administración de Trump. En el primer capítulo de la historia que apenas comienza, acusó a la parte más alta de la estructura política y a todo el aparato de seguridad y fiscalías, de haber servido a los intereses de Los Chapitos. Las consecuencias son muy graves y delicadas, como también complejas de resolver para la presidenta Sheinbaum, a quien el embajador Ron Johnson le pidió desde enero que actuara contra políticos vinculados con el crimen organizado, para que no lo hiciera el Departamento de Justicia, y fue omisa. El jueves pasado, en Los Mochis, junto a Rocha Moya, Johnson anunció que pronto vendrían las acusaciones en Estados Unidos. Llegaron, y recuperando el tiempo perdido pidió su captura con fines de extradición. Si el gobierno sigue el camino de proteger a Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, las consecuencias las pagará México: vendrán por él.  

El problema ya no son los “elementos probatorios suficientes que justifiquen la viabilidad de la solicitud”, porque si existen y de sobra. Hay plena evidencia de la actuación armada del Cártel de Sinaloa para hacer ganar a Rocha Moya en las elecciones de 2021, y eso es parte de la acusación. Para la presidenta el problema es que entregar a Rocha Moya es admitir la existencia de un narcogobierno morenista, impulsado y protegido por el expresidente López Obrador. No tiene salida: está con México o está con Morena. Rocha Moya renuncio el sábado y quedo sin fuero, ahora falta que la FGR lo investiguen, seguramente lo encontraran inocente. En la escalera del poder, arriba de Rocha Moya se encuentra AMLO, que no es mencionado en la acusación, pero tarde o temprano su nombre emergerá en la opinión pública, porque además de lo que están declarando los jefes del Cártel de Sinaloa ante las fiscalías, hay dos investigaciones abiertas contra él en Brooklyn. Rocha, al servicio de los capos, ha recibido el respaldo, el apoyo e incluso el cínico reconocimiento y espaldarazo del expresidente, y de Claudia Sheinbaum, candidata y después presidenta. Cuando en Washington se afirma que en México se vive en los hechos un narcoestado, lamentablemente no mienten. Sheinbaum tiene que cuidar su capacidad para renegociar el T-MEC y mantener la colaboración bilateral en seguridad y otras materias. Rocha no puede ser el punto de quiebre de su gobierno. La presidenta responde a todo el país, no a los narco-políticos de su partido. 

Sin duda, la corrupción del crimen organizado que ha penetrado a nuestro país y al gobierno es una metástasis de muchos años. Pero la acusación de Estados Unidos reconstruye conductas que no solo revelan la normalización de la extracción de rentas, lícitas e ilícitas, por parte del crimen organizado, sino también una situación de putrefacción escandalosa: el pacto electoral para falsificar la voluntad popular, el pacto deliberado que entrega la autoridad a los delincuentes, el pacto mafioso que reparte el dinero ensangrentado. El verdadero problema de soberanía no empieza en Washington. Empieza donde el crimen organizado decide quién abre un negocio, quién circula por una carretera, quién paga derecho de piso y quién gobierna de facto. Esa es la violación a la soberanía que padecemos hoy los mexicanos. Ahí es donde el Estado falla. Una cosa queda clara: la entrega de Rocha Moya definirá el camino que tome la Casa Blanca respecto de México en las próximas semanas, incluidas las negociaciones en torno del T-MEC. En el combate a los cárteles de las drogas los norteamericanos parecen decirle a Sheinbaum: “Podemos hacerlo contigo, sin ti o a pesar de ti”. Qué grave… 

Proteger a los narco- políticos implicados por la Corte estadounidense, representa encubrir al crimen. Aceptar la acusación, en cambio, amenaza con fracturar a Morena y confirmar que la presión externa rinde resultados. La postura adoptada hasta ahora —rechazo al crimen con énfasis en la soberanía, permite ganar tiempo, pero difícilmente será sostenible sin acciones internas contundentes que la respalden: para contener la presión externa, el gobierno tendrá que demostrar capacidad de depuración y ejercicio de la justicia desde dentro. Más aún cuando el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes advirtió que el caso de Rubén Rocha Moya no sería un hecho aislado, sino el inicio de una ofensiva más amplia. Van por todos. ES CUANTO. 𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈: México no ha logrado romper el tema más peligroso: las redes de protección política al narcotráfico. Cómo puede garantizarse la seguridad y el bienestar de los ciudadanos cuando quienes ostentan el poder local están, presuntamente, al servicio de intereses criminales.  “Por el bien de todos, primero los narcos”. 

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.