LA HAYA, Paรญses Bajos., 27 de Mayo de 2026.—Por la violencia que se ha estado registrando en la montaรฑa baja con asesinatos, pueblos desplazados forzadamente, desapariciones y amenazas, se denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) como probables responsables al grupo criminal “Los Ardillos”, asรญ como a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, por el Partido Movimiento de Regeneraciรณn Nacional y a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, de la alianza PRI, PAN y PRD.
La denuncia la ha presentado la activista y defensora de derechos humanos Marcela de Jesรบs Natalia, indรญgena รฑomndaa originaria del estado de Guerrero, al no encontrar eco de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por ello, se ha visto obligada a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Paรญses Bajos, para solicitar la apertura de un examen preliminar sobre los hechos de violencia registrados en comunidades indรญgenas de la Montaรฑa Baja de Guerrero.
El documento estรก dirigido al fiscal jefe de la CPI, Karim Ahmad Khan, y la defensora seรฑala crรญmenes de lesa humanidad relacionados con desplazamiento forzado, asesinatos, amenazas, desapariciones y persecuciรณn contra poblaciรณn civil indรญgena en municipios como Chilapa de รlvarez y zonas aledaรฑas.
En la denuncia se seรฑala como probables responsables a integrantes del grupo criminal identificado como “Los Ardillos”, asรญ como a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, por el partido Movimiento de Regeneraciรณn Nacional y a la presidenta municipal de Chilapa de Alvarez, Mercedes Carballo Chino, de la alianza PRI, PAN y PRD, ademรกs de otros actores seรฑalados dentro de la comunicaciรณn presentada ante el organismo internacional.
Marcela de Jesรบs Natalia argumentรณ ante la instancia internacional que las condiciones de violencia y la falta de resultados efectivos en las investigaciones realizadas en Mรฉxico justifican la intervenciรณn de la Corte Penal Internacional, con base en lo establecido en el Estatuto de Roma.
En el apartado de admisibilidad, la activista sostiene que, pese a los anuncios pรบblicos sobre acciones institucionales en Guerrero, persiste la ausencia de investigaciones y enjuiciamientos eficaces que garanticen justicia para las comunidades afectadas.
La presentaciรณn de esta comunicaciรณn ante la CPI representa un nuevo intento de organizaciones y defensores de derechos humanos por visibilizar la crisis de violencia, inseguridad y desplazamiento que enfrentan comunidades indรญgenas de la Montaรฑa Baja de Guerrero.
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