𝙇𝙤𝙨 𝘼𝙧𝙙𝙞𝙡𝙡𝙤𝙨 𝗲𝗻 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼 𝘆 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹

Fernando Hinterholzer Diestel

La protección política de la delincuencia organizada se expandió geográfica y territorialmente, a partir del año 2018, cuando AMLO llego a la presidencia de México, y no como declaro la presidente Sheinbaum, la semana pasada que había terminado. Una más de sus mentiras para proteger al peor presidente que tenido los mexicanos quien utilizo el poder del Estado para beneficiar a los criminales, en lugar de defender los intereses de la sociedad y de todos los mexicanos, la 4T beneficio los intereses particulares de las mafias criminales. A López Obrador, que ante una crisis siempre recurría al método de “hacerse guey”, e irse para adelante parecían librarlo de las crisis hasta que la crisis por antonomasia, la de la relación de su gobierno con el crimen organizado y la corrupción, lo han alcanzado. Por eso la presidenta Sheinbaum, salvo que quiera llevar la relación con Estados Unidos hacia un abismo, no puede seguir huyendo de esa realidad. Como sucedió en la elección de 2021 y 2024, los carteles criminales capturaron al Estado, financiando y operando las campañas electorales, controlando los partidos, nombrando a los funcionarios, manipulado la legislación, cobrando rentas, dirigiendo las policías y fiscalías, asignando contratos públicos, evadiendo impuestos, lavando dinero y manipulando la provisión de los bienes y servicios públicos.  Traigo el comentario anterior, a raíz de lo sucedido en el Estado de Guerrero hace unos días, cuando el subsecretario César Yáñez, acudió a la entidad para “apaciguar los ánimos”, entre los grupos criminales Tlacos y Ardillos, que obligaron a cientos de pobladores de la montaña baja, a abandonar sus pueblos e inclusive a pedir ayuda al presidente Trump. El funcionario de Gobernación federal dice que le pidió a “los líderes de ambos grupos acabar con sus disputas y bloqueos de manera pacífica para que pudieran entrar las Fuerzas Armadas, atender heridos y restablecer el orden, se imaginan eso, no estamos hablando de una disputa comunitaria común y corriente, hablamos de “Los Ardillos”, una organización criminal guerrerense señalada durante años por asesinatos, desapariciones, ataques armados, desplazamientos y control territorial, el narco-crimen controla ese territorio en Guerrero y le piden permiso para entrar.

Hablamos de un grupo criminal local, cuyo nombre, territorio de operación y liderazgos son conocidos (los Ortega), desde hace un par de décadas. No son ningunos improvisados, tampoco son “grupos en conflicto” que se pasean por la montaña baja guerrerense. Son de hecho un grupo criminal que tienen una larga trayectoria, territorio, estructura, redes, armas, métodos y víctimas. Por ello resulta lamentablemente ofensivo las aseveraciones del subsecretario federal. El mensaje que recibe la sociedad es terrible y demoledor: si un grupo armado tiene suficiente capacidad de fuego, control territorial y poder de intimidación, “el gobierno no lo persigue lo consulta. No lo desmantela; lo administra. No lo neutraliza; lo incorpora a una mesa”. La función del Estado no es negociar el derecho de paso con quienes bombardean, literalmente comunidades. La función del Estado es proteger a la población, detener a los responsables, recuperar el territorio y evitar que vuelvan a gobernar por encima de la ley. El grupo de los Ardillos son el resultado de muchos años de impunidad, corrupción, complicidad y debilidad institucional. Han sobrevivido a gobiernos, partidos, operativos, discursos y promesas. Han construido poder donde el gobierno de Guerrero se retiró, fue rebasado o fue capturado. “Han convertido comunidades en botín y a la población civil en rehén permanente”. Desde principios del mes de mayo tenían asoladas a las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuetán y Alcozacán, pertenecientes al municipio de Chilapa, Guerrero, mismas que fueron desplazadas violentamente, alrededor de 500 personas, por la guerra entre dos organizaciones civiles armadas que se disputan el territorio. Ninguna autoridad había atendido de inicio el problema. Solo fue hasta que se hizo viral un video (en el que mujeres indígenas se arrodillan pidiendo a Donald Trump que las rescate) es entonces que el gobierno estatal, junto con el ejército y la Guardia Nacional acudieron a la región. Pero hete aquí que “las fuerzas del Estado mexicano” tuvieron que recular, porque uno de los grupos armados no les dio permiso. Y dónde quedó la mentada soberanía que proclama y dice defender la presidenta Sheinbaum, al siguiente día, en un comunicado las autoridades del gobierno de Guerrero informaron que ya se había permitido el ingreso de personal de seguridad y atención médica a la zona de Chilapa. Vergüenza nacional y confirmación que Guerrero como otras entidades del país, esta controlado por los grupos del crimen organizado, Trump tiene toda la razón, le pese a quien le pese. No sé qué soberanía defiende Sheinbaum, seguramente la de su pandilla de políticos criminales. 

La fatalidad por la que atraviesa la montaña baja de Guerrero, en la región de Chilapa no se reduce únicamente, a la información que hace más 20 años perdura en la región, sobre violencia criminal. Detrás de las cifras oficiales de desplazados, heridos y comunidades bloqueadas, existen familias enteras obligadas a abandonar sus hogares porque el Estado perdió, desde hace tiempo, el control efectivo del territorio. La paz no se decreta. Mucho menos en regiones donde el crimen organizado sustituyó durante años la presencia institucional, controló caminos, impuso miedo y penetró estructuras sociales y políticas. Hablar de diálogo puede servir para contener momentáneamente la violencia, pero el diálogo por sí solo no desarma grupos criminales, no libera territorios y tampoco devuelve la confianza a las comunidades. Pero, Chilapa no es el único pueblo que padece esta problemática, desde hace varias décadas, sin importar el color político de quien gobierne, Guerrero vive una combinación de violencia criminal, comunitaria, política y disputa territorial. Es decir, no estamos ante hechos aislados, sino ante una de las tantas regiones donde el poder criminal busca influir sobre la vida pública, la movilidad, los caminos, las comunidades y, en algunos momentos, los procesos electorales. Los guerrerenses siguen esperando que llegue Garcia Harfuch y sus muchachos, que apoyados con la “inteligencia gringa”, combatan tanto a los Ardillos, como a los Tlacos y a la Familia Michoacana (el Fresa y el PEZ) quienes tienen sometidos a las población del estado sureño.  Y recuerden estimados lectores el narcogobierno si existe. Morelos, Guerrero, Sinaloa son prueba de ello.

ES CUANTO

ADDENDUM: Protegido con la inmunidad diplomática que le otorgó el gobierno de la 4T,  el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, enfrenta graves acusaciones en su periodo como gobernador de Chiapas por parte de los EU. Los seis años que el morenista dirigió nuestro estado, entre 2018 y 2024, los chiapanecos vivimos un periodo de inseguridad y violencia criminal que “transformó” la vida del territorio chiapaneco por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos líderes locales recibían protección e impunidad desde el gobierno estatal.

Pero la administración del exgobernador chiapaneco y sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, no pasó desapercibido para el gobierno de Trump, pues de acuerdo con reportes estadounidenses, el Departamento de Estado, la DEA, y la CIA han incluido a Miami y al cónsul mexicano en la “revisión” e investigación que realiza sobre el funcionamiento político y partidista de varias de las sedes consulares de México en su territorio, pero hay también una denuncia contra Rutilio por su vinculación con el narcotráfico que se apoderó de Chiapas durante su mandato.

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.