CHILPANCINGO, GRO., 11 de mayo de 2026.—Tras recrudecerse la violencia en la montaña baja de Guerrero, el presbítero José Filiberto Velázquez Florencio, anunció que solicitará la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la crisis humanitaria provocada por ataques armados por parte del grupo criminal Los Ardillos y el abandono de las autoridades en las comunidades nahuas de Chilapa de Alvarez.
A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el también director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello” igualmente desplazado, por amenazas, informó que buscará medidas cautelares internacionales para proteger a las familias que huyen de la violencia.
Sostuvo el sacerdote:“Debemos alzar la voz fuerte para que este problema sea prioridad”.
Criticó el clérigo el discurso oficial del gobierno, al cual calificó de estar alejado de la realidad que viven los pobladores bajo el asedio criminal.
Velázquez Florencio demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, ambos por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, para que intervengan de inmediato y eviten una tragedia mayor.
El activista insistió en que el conflicto no debe abordarse únicamente como un problema de seguridad pública, sino como una crisis de desplazamiento forzado interno.
Añadió, “Guerrero no puede seguir siendo un territorio de guerra y abandono”.
El presbítero compartió la angustia de familiares que se encuentran fuera de la región y mencionó el caso de una religiosa originaria de Alcozacán, actualmente misionera en Portugal, quien manifestó su temor por la vida de sus seres queridos quienes se encuentran en la zona.
El padre Filiberto Velázquez Florencio, se encuentra desplazado de Guerrero tras recibir amenazas del crimen organizado, confirmado por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa a inicios de 2026.
El sacerdote, conocido como padre Fili, se vio obligado a salir tras sufrir un ataque armado en 2023.
Como se informó este sábado 9 de mayo el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-ez) denunció que más de 800 familias de las comunidades de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán del municipio de Chilapa, huyeron de sus hogares antes los constantes ataques armados con drones que comenzaron desde el pasado domingo 3 de mayo del presente año.
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